Litigar en instancias internacionales de derechos humanos representa una oportunidad clave para visibilizar violaciones y buscar justicia más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, muchos casos son inadmitidos, desestimados o pierden fuerza por errores que podrían haberse evitado con preparación jurídica adecuada.

Desconocimiento del procedimiento y funciones

Uno de los errores más frecuentes es no diferenciar entre los órganos del sistema, como la Comisión y la Corte Interamericana, o los diversos comités de la ONU. Cada uno tiene reglas específicas, competencias distintas y requisitos procesales que deben entenderse antes de presentar cualquier acción.

Presentación débil de los hechos o derechos violados

En algunos casos, la narrativa se enfoca en el impacto emocional sin construir una base jurídica sólida. Es indispensable relacionar los hechos concretos con los derechos protegidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado. El caso debe leerse como un argumento jurídico, no solo como un testimonio.

Ausencia de documentación probatoria suficiente

Otro problema común es la falta de pruebas que respalden lo alegado: decisiones judiciales previas, registros administrativos, peritajes o testimonios certificados. La solidez probatoria es crucial, y una mala documentación puede afectar gravemente la credibilidad del caso.

Desconexión con estrategias de incidencia o acompañamiento

Presentar un caso internacional no debería ser un acto aislado. En muchos contextos, forma parte de una estrategia más amplia de incidencia, comunicación y fortalecimiento organizativo. La ausencia de esta visión puede limitar el impacto del proceso, tanto dentro como fuera del tribunal.

El valor del acompañamiento jurídico especializado

Evitar estos errores exige una comprensión profunda del derecho internacional de los derechos humanos, así como experiencia en litigio estratégico. Contar con acompañamiento jurídico adecuado permite no solo evitar errores, sino también diseñar una ruta que maximice el impacto jurídico, simbólico y político del caso.