La debida diligencia en derechos humanos ha dejado de ser una recomendación para convertirse en una expectativa global. Empresas que operan en sectores estratégicos o en contextos sensibles deben demostrar que previenen, mitigan y reparan los impactos sobre las personas. Entender qué debe incluir este proceso es clave para evitar riesgos legales, reputacionales y operacionales.

Diagnóstico de riesgos reales y potenciales

Todo proceso de debida diligencia comienza con la identificación de los riesgos reales y potenciales que la empresa puede causar, contribuir o estar vinculada en materia de derechos humanos. Este diagnóstico debe considerar no solo los riesgos financieros, sino también los sociales, laborales, ambientales y de seguridad. Incluir la voz de las comunidades afectadas es una buena práctica recomendada.

Evaluación de políticas internas y cadenas de valor

Una debida diligencia sólida evalúa no solo las operaciones directas de la empresa, sino también su cadena de suministro, filiales y contratistas. Esto implica revisar políticas internas, códigos de conducta y procesos de contratación. La coherencia entre el discurso corporativo y la práctica cotidiana es un criterio clave para cualquier evaluación externa.

Planes de acción y mecanismos de seguimiento

No basta con detectar riesgos: es indispensable desarrollar planes de acción, establecer indicadores de seguimiento y definir responsables internos. Además, deben existir mecanismos de reparación accesibles y confiables en caso de que se materialicen impactos negativos. La transparencia en los resultados también forma parte del proceso.

Referencias normativas y ventajas estratégicas

Los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE y los convenios de la OIT son los referentes más usados en procesos de debida diligencia. Cumplir con ellos no solo mitiga riesgos legales, sino que posiciona a la empresa como actor responsable ante inversionistas, clientes y reguladores.